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El Derecho Financiero : Una nueva perspectiva

Por Paulina Sánchez Alonso, Facultad de Derecho, Extensión Académica

 

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El Derecho Financiero, tan antiguo como novedoso, exige ser precisado; su relevancia actual tanto a nivel político como económico requiere ser redimensionada en su justa medida.

 

Anteriormente el Derecho Financiero era entendido como perteneciente al derecho público, encontrando relación no solo como aquel que regula las cuestiones fiscales o relacionadas con la hacienda pública. Hoy sabemos que va más allá, se trata de una rama en la cual convergen otras tantas, mismas que se enfocan en lo que se conoce como la Actividad Financiera del Estado, entendida esta como: aquellos procesos en los cuales el Estado obtiene (Derecho Fiscal), maneja (Derecho Patrimonial)  y eroga (Derecho Presupuestario), los recursos necesarios que le permitan la satisfacción de sus necesidades, como la de sus gobernados, así como la consecución de sus propios fines.

 

Se planteó en un primer momento una visión del Derecho Financiero desde una arista en la que el Estado actúa en una relación de supra-subordinación con relación a sus gobernados (personas físicas o personas morales); sin embargo, también el Derecho Financiero puede ser concebido como un derecho perteneciente al derecho privado, en el cual si bien es cierto que el Estado interviene, la actuación de este se sujeta a la obligación que tiene de generar las condiciones (escenarios) y los mecanismos (leyes, reglamentos, disposiciones, etc.) con los cuales los particulares puedan realizar sus actividades financieras que les permitan obtener los recursos o generar los capitales que requieran para la satisfacción de sus necesidades y las de sus empresas o familias. En consecuencia, cuando se habla de Derecho Financiero, se hace referencia a la existencia de un Derecho Financiero Público y un Derecho Financiero Privado.

 

En este sentido, la injerencia que tiene el Estado se refleja al otorgar las concesiones  y autorizaciones para que los sujetos privados puedan realizar funciones consideras públicas, como lo son: la prestación del servicio de banca y crédito (bancos, organizaciones auxiliares del crédito, etc.), o bien el servicio de intermediación para la realización de operaciones en el Mercado de Valores (casas de bolsa y sociedades de inversión).

 

Nos encontramos tan acostumbrados a las figuras de los bancos, casas de cambio, bolsas de valores, que creemos que solo ello forma parte de nuestro sistema financiero; sin embargo este es uno de los sectores más amplios dentro del sistema jurídico mexicano, puesto que la obtención de financiamiento y/o liquidez también la podemos encontrar en instituciones como:  arrendadoras financieras, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras populares, instituciones de fianzas, administradoras de fondos para el retiro (AFORES), bolsas de contrato de derivados, entre otras.

 

Para dimensionar la amplitud de nuestro sistema financiero es necesaria una mayor promoción del mismo, así  tenemos que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha implementado diversas campañas para que el público en general conozca en qué consisten dichos Servicios Financieros. Asimismo, en el caso de los estudiantes de derecho, no es suficiente la impartición de la cátedra de Derecho Bancario y Bursátil como parte de los programas de estudios de la carrera, sino que sería necesario establecer materias en especifico que hablaran sobre las funciones que realizan los distintos sectores que integran al sistema financiero del país; tan solo si nos referimos al ámbito bursátil encontramos que es una de las partes integrantes más amplias del sector financiero, puesto que no solo se habla de cuestiones relacionadas con la Bolsa de Valores ni las Casas de Bolsa, sino que  también se habla de Instituciones para el depósito de valores, proveedoras de precios, instituciones calificadoras de valores, etc.; y si a esto se suma todo lo relacionado con los inversionistas y emisores de valores encontramos que éstos, para participar en el Mercado, tendrán que constituirse como sociedades públicas; es decir, en lo que hoy se conoce como Sociedades Anónimas Bursátiles (SAB), las cuales cuentan con una legislación específica, pero sobre todo de estas se desprende un tema muy importante y necesario para la buena gestión de las mismas y es lo que se conoce como Gobierno Corporativo.

 

La experiencia en el campo del Derecho Financiero puede llegar a ser muy versátil, amplia e interesante, pero sobre todo con posibilidades de desarrollo y crecimiento, puesto que los campos profesionales no se limitan a una determinada institución, sino que abarcan tanto la administración pública (CNBV, CNSF, CNSAR, CONDUSEF, etc.) como el ámbito privado, como asesor (abogado) en una SAB, o como parte integrante de cualquiera de los entes que a lo largo del presente artículo se han mencionado.

*Artículo de la Revista Integra, para consultar el número completo visita su versión online http://issuu.com/revista-integra/docs/integra-17

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