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Equidad de Género en Materia Electoral

Por Germán Rivas Cándano, egresado  de la Facultad de Derecho (generación 2010), especialista en Derecho Electoral.

En México, un país que aspira a ser democrático, no tiene cabida la violación de derechos fundamentales y, por tanto, la segregación o discriminación por cuestiones de género. Lo ideal sería que tampoco existieran normas destinadas a regular y proteger los derechos de las mujeres frente a los de los hombres, es más, me gustaría no escribir sobre este tema, porque ello significaría que las mujeres nunca fueron discriminadas y que, si lo fueron, ese daño ya se hubiera reparado.

Sin embargo, a pesar de los importantes intentos y luchas para lograr la igualdad de género a nivel nacional, la realidad muestra que todavía estamos lejos de lograr ese objetivo. Considero que debemos pasar de la retórica de la democracia, a la vigencia real y efectiva de ésta, lo que significa replantear su concepto y tomar en serio su contenido y alcance dentro del Estado Constitucional de Derecho.

Estimo que las diferencias entre el hombre y la mujer no sólo ocurren en la materia electoral y, por ende, su solución no se agota en la mera creación de normas prohibitivas o permisivas, según el caso, a efecto de establecer “cuotas de género” para el acceso a cargos de elección popular, sino en la modificación de todo el ordenamiento jurídico y, por sobre todas las cosas, en las condiciones culturales, educativas y sociológicas de la población.

La perspectiva de género debe ser transversal, el Estado no puede ocuparse de la elegibilidad de las mujeres, si no tiene presente y actúa en consecuencia en los otros ámbitos de la vida de éstas, pues la igualdad de géneros abarca la prevención y eliminación de toda forma de discriminación por ese motivo, así como la promoción de las mismas oportunidades y trato entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, el social, el político, el económico y el cultural, por parte de cada uno de los tres poderes y en cada nivel de gobierno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce avances significativos en la participación y representación política de las mujeres en América Latina, particularmente, destaca cambios en la normativa y en las políticas públicas, en el sentido de reconocer el derecho que tienen las mujeres a participar en la vida política en igualdad de condiciones que los hombres.

No obstante ello, dicha Comisión estima que otro grande reto está en no sólo lograr una representación cuantitativa de las mujeres en los puestos e instancias de decisión, sino en lograr una representación cualitativa de sus intereses y de aquellos que beneficien la equidad de género. En mi opinión, esto es lo más importante, quizás podamos obligar a los partidos políticos para que cumplan con las cuotas de género; sin embargo, habría que preguntarnos si las mujeres que accedan al cargo realmente son oídas, es decir, si pueden tomar decisiones o si sólo reciben instrucciones de sus superiores o mandatarios partidistas.

Si bien las estadísticas muestran avances en el campo de la equidad, lo cierto es que aún falta mucho por hacer, los temas de género deben ser, siempre, parte de la agenda urgente de nuestro país, pues como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: “la igualdad entre los géneros es un prerrequisito del desarrollo y un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social”.

El Estado debe compensar situaciones desfavorables o injustas de un género respecto del otro, con la finalidad de ubicar en planos de igualdad, real y efectiva, a hombres y mujeres; sin embargo, las medidas que emplee el Estado deben ser transitorias, como las cuotas de género, hasta en tanto desaparezca la desigualdad, pues ese tipo de acciones afirmativas llevadas al extremo, contradicen el principio de igualdad y traen como consecuencia actos antidemocráticos, como lo podría ser que un candidato sea postulado por su género, a pesar de que la mayoría prefiriera a otro del género opuesto; que se elijan candidatos con base en su género y no en su preparación, o bien, que mujeres integren fórmulas de representación sin su voluntad, pero con tal de que el partido político cumpla con la cuota de género.

Considero que en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha esmerado en procurar la equidad de género, mediante la resolución de casos paradigmáticos que han fijado importantes precedentes sobre este tema; sin embargo, ello no ha sido suficiente para que la desigualdad de género desaparezca, pues como lo mencioné, la perspectiva de género debe ser abarcar todos los aspectos de la vida de las mujeres.

Si en México no se disminuye la pobreza y se elimina la violencia en contra de las mujeres, se continuará inhibiendo su desarrollo y se les pondrá en una posición de desigualdad y discriminación, truncando su desarrollo, tanto en lo público, como en lo privado, por tanto, además de fomentar el uso de un lenguaje incluyente para construir formas de expresión libres de discriminación por género, es necesario establecer un mecanismo que dé seguimiento a la labor de los poderes legislativos locales y federal, de manera que se evalúe periódicamente la eficacia de las normas promulgadas con el fin de tutelar los derechos de las mujeres, es decir, que se analice si las leyes emitidas para lograr la igualdad entre el hombre y la mujer están siendo aplicadas y, en su caso, cuáles son los resultados de dicha aplicación.

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