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Responsabilidad social corporativa ¿Cómo podría diseñarse un marco jurídico más eficaz?

Por Alejandra Olay, Doctorando en Derecho
Históricamente los Estados han jugado un rol central en la definición de las reglas que debe seguir la actividad empresarial.[1] Sin embargo, quienes aun piensan que el legislador nacional es capaz de prever, regular y sancionar todas aquellas actividades realizadas por las grandes corporaciones, han quedado atrapados en el paradigma clásico de la soberanía estatal que se rompió hace más de tres décadas cuando la globalización se expandió a cada uno de los espacios de la vida cultural y económica de la sociedad civil.[2]
Con el adviento de nuevas soluciones jurídicas aptas para el nuevo orden económico mundial, tales como la contratación electrónica, la desmaterialización de los títulos de crédito y la deslocalización de las multinacionales, resulta evidente que los actos jurídicos con efectos trasnacionales escapan a la tradicional regulación y verificación por parte de un marco jurídico rígido interno[3].
Adicionalmente, a partir de la caída del comunismo diversos Estados decidieron abrir sus economías al mundo, inició una euforia por celebrar tratados comerciales y las grandes sociedades mercantiles eligieron como anfitriones de su inversión a aquellos países en donde la mano de obra era menos costosa y en donde los vacíos legislativos les exigían un nivel de respeto a los derechos humanos inferior al requerido en sus países de origen.
Tal andamiaje jurídico provocó que los capitales de las multinacionales se concentraran en las economías emergentes con el fin de evadir aquellas normas laborales y ambientales que les representaban costos de producción provocando un dumping social[4] que acabó por modificar el mapa geopolítico mundial.
La pregunta obligada es: ¿Cómo lograr un nivel uniforme de cumplimiento de los estándares de responsabilidad social corporativa (en adelante RSC) a pesar de las desigualdades provocadas  por los vacíos legales de cada sistema?
La respuesta no es simple. A partir de los años 70’s la comunidad internacional ha puesto en marcha varias iniciativas de instrumentos de soft law atinentes a la RSC de las multinacionales. Baste citar el borrador de Voluntary Code of Conduct for Transnational Corporations elaborado por la United Nations Conference on Trade and Development, la Declaration on International Investment and Multinational Enterprises de la Organization on Economic Cooperation and Development, la Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy del International Labour Office y el actual Global Compact de United Nations Organization.
Afortunadamente se ha logrado un importante nivel de adhesión “política” a dichos instrumentos por parte de las grandes corporaciones, sin embargo, tal parece ser que la adhesión “real” no ha corrido la misma suerte.[5] Desde luego que el control y verificación del cumplimiento de las normas también ha sido un  largo y sinuoso camino.
La tesis que se sustenta en el presente artículo y que se defenderá en una futura disertación doctoral es que el marco jurídico de la RSC debe ser dual, complementario y colaborativo.
Por una parte, ciertos estándares mínimos deben ser definidos y unificados por la comunidad internacional mediante instrumentos jurídicos de soft law[6], después adoptados nacionalmente a través del legislador interno buscando favorecer su incorporación armonizada en el orden jurídico doméstico y finalmente supervisados en sede nacional. Lo anterior no obsta para que de manera paralela, se adopten códigos voluntarios de conducta al interior de las empresas, atendiendo desde luego, a los mencionados estándares mínimos. En suma, la palabra clave es armonización.
Conclusión: Con motivo de los efectos jurídicos y de facto propiciados por la actividad empresarial en el marco de la globalización, el legislador nacional debe redefinir su papel como operador jurídico y revaluar la importancia de coordinar su trabajo legislativo con las iniciativas de la comunidad internacional.
El capital político que los organismos internacionales han invertido en iniciativas de soft law debe ser aprovechado al máximo con beneficios inmediatos tales como el de suplir las lagunas que el derecho nacional tiene en materia de RSC.

*Alejandra Olay Cheu es doctoranda en Derecho por la Universidad Anáhuac México Sur. Actualmente se encuentra como investigadora invitada en el International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). Es también presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Puede ser contactada en: aleolay@yahoo.com

[1] Al respecto ver CARY, William M. y GOLDSCHMID, Harvey J., en “Foreword to the Corporate Social Responsibility Symposium: Reflections on Directions en The Hastings Law Journal, vol. 30, p. 1247, HeinOnline-30 Hastings L. J. 1247, 1978-1979.

[2] Se han roto también paradigmas clásicos de la economía. Por ejemplo, según Borgia (infra), conforme a la teoría económica tradicional de Adam Smith, el juego del mercado se fundamenta en la capacidad de adquirir y ser titular de derechos de propiedad sobre bienes con exclusión de terceros. En la nueva economía de redes, se privilegia mas que la exclusión, la integración de la actividad económica en un sistema de relaciones recíprocas e interdependientes en los que se optimizan los esfuerzos colectivos para favorecer el éxito de una sociedad mercantil. Esta es la llamada estrategia win-win.
[3] Consultar BORGIA, Fiammetta, “La soft law come strumento di regolamentazione delle attivitá delle imprese multinazionali” en Diritto del commercio internazionale, vol. aprile-giugno 2010,Italia, Giuffré Editore, p. 311.
[4] El caso más evidente de dumping social es el de las empresas domiciliadas en China, cuyas principales ventajas competitivas han sido la mano de obra barata y el bajísimo costo de protección social de los empleados por parte del empleador.
[5] No se omite mencionar que la opinión pública es uno de los monitores más participativos en el proceso de supervisión de los proyectos de RSC. Por ejemplo, ciertas multinacionales han sido acusadas de bluewashing por haberse adherido a Global Compact sin cumplir realmente con los estándares propuestos por la iniciativa. Consultar NADER, Ralph en: “Corporations and the U.N.’s ‘Bluewash’ The Images”, San Francisco Bay Guardian, disponible en www.commondreams.org/view 091900-103.htm
[6] Consultar las críticas al uso del hard law hechas por ESTRELLA FARIA, Jose Angelo, en “Future Directions on Legal Harmonisation and Law Reform: Stormy Seas or Prosperous Voyage? En Revue de Droit Uniforme, 2009, p. 8 y las ventajas del soft law enunciadas por GABRIEL, Henry en “The advantages of soft law in International Commercial Law: the role of UNIDROIT, UNCITRAL and the Hague Conference” en Brooklyn Journal of International Law, vol. 34, 2009, n. 3, p. 664 et passim.
 
 
  1. diciembre 6, 2012 a las 9:46 am

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